Recientes grabaciones han sacudido el panorama político y judicial en Colombia, centrándose en las actividades del contrabandista conocido como “Papá Pitufo”, cuyo nombre real es Diego Marín Buitrago. En estas conversaciones divulgadas, Marín Buitrago asegura que la exjefa de Aduanas, Claudia Gaviria, le exigió pagos mensuales de 90 millones de pesos para permitir el tránsito de contenedores con mercancía ilegal.
Las grabaciones fueron hechas públicas por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga, y han reavivado el debate sobre cómo el contrabando ha infiltrado no solo el sistema aduanero, sino también el financiamiento de campañas políticas en el país. En uno de los audios, Papá Pitufo declaró: “Pensé que iba a pedir 300 millones, pero pidió 90 millones. Nos tocó, hermano, y listo, arreglado”. Estas palabras no solo reflejan la audacia del contrabandista, sino también la normalización de sobornos en el entorno del control aduanero.
Según los audios, aunque Gaviria hizo esfuerzos aparentes por detener el contrabando en puertos, finalmente accedió a recibir dinero a cambio de liberar parte de la mercancía. Marín Buitrago menciona que Gaviria incluso le pidió “ayuda con el hermano del presidente”, en referencia al entonces presidente Juan Manuel Santos, lo que sugiere una intrincada red de complicidades que involucra a altos funcionarios del Gobierno.
La extensa operación de Papá Pitufo no es trivial; su organización ilegal llegaba a mover hasta 30 contenedores semanales, generando ganancias de aproximadamente 8 billones de pesos al año. Esto lo coloca a la par de algunas de las empresas más grandes de Colombia. Para evitar la detección, Marín Buitrago estableció una red de corrupción que le permitió manipular el sistema de vigilancia de la Policía y la DIAN. De acuerdo con la Fiscalía, su organización desembolsó 902 millones de pesos en sobornos a funcionarios encargados del control aduanero en un corto periodo.
La mención de Claudia Gaviria en este escándalo genera preocupaciones sobre el control y la ética en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, especialmente bajo los gobiernos con los que estuvo vinculada. Hasta ahora, Gaviria no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones que emergen de las grabaciones.
Adicionalmente, este escándalo se complica con la reciente insinuación del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien sugirió que Papá Pitufo tuvo vínculos con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según Rodríguez, Marín Buitrago había intentado ofrecer una suma de 500 millones de pesos a la campaña, un aporte que Petro ha afirmado fue devuelto debido a sospechas sobre su origen ilícito.
Un Recién Capturado en la Mira
Diego Marín Buitrago, tras ser arrestado en abril de 2024 en España, recibió libertad condicional, pero luego huyó hacia Portugal. La captura de Papá Pitufo en diciembre último y su espera por la extradición a Colombia han colocado este tema en la agenda pública. El presidente Petro ha declarado que, si el contrabandista colabora y revela más detalles sobre los cómplices en su operación, podría recibir beneficios judiciales.
Mientras tanto, las revelaciones sobre el contrabando y la corrupción siguen sacudiendo la confianza en las instituciones del país. La urgencia de clarificar estos asuntos resalta la necesidad de reformar los mecanismos de control en puertos como Buenaventura, donde las tramas del contrabando han mostrado serias deficiencias en la vigilancia.
El caso de Papá Pitufo y Claudia Gaviria pone de relieve la compleja intersección entre el crimen organizado y la política en Colombia, un desafío que requiere atención inmediata para restaurar la confianza pública y el orden en las instituciones del Estado.
Este es otro informe que se ha detallado con la información del zar del contrabando y gustavo petro.