El acceso al agua potable es un derecho fundamental, pero en Colombia, la situación es alarmante. Con las recientes proyecciones de recortes en el presupuesto destinado a agua y saneamiento, el futuro se presenta incierto para millones de ciudadanos. Este artículo explora las implicancias de estos recortes, el estado actual de los servicios de agua y saneamiento en el país, y las consecuencias que estas decisiones pueden tener en la salud y la equidad social.
La drástica reducción del presupuesto de agua en Colombia
La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026, que prevé un recorte del 53 % en los recursos del Ministerio de Vivienda destinados a agua potable, saneamiento y manejo de residuos. Este recorte reducirá los fondos de COP 1.5 billones a tan solo COP 0.7 billones, lo que representa una disminución de aproximadamente 800.000 millones de pesos.
Este ajuste no es simplemente un problema financiero; sus efectos se sentirán ampliamente en un país donde más de 5 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable. Menos recursos significan un aumento en la inequidad social y la posibilidad de que las comunidades más vulnerables queden aún más desprotegidas.
El país que todavía hierve el agua para poder beberla
Aunque han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la Ley 142 de 1994, que prometía servicios públicos dignos para todos, la realidad en Colombia es muy diferente. La división entre quienes tienen acceso a agua potable y quienes deben buscarla a largas distancias sigue siendo evidente.
Según datos recientes de la Contraloría, la situación es crítica:
- 12,5 millones de personas carecen de alcantarillado.
- 8,6 millones viven sin un servicio adecuado de recolección de basuras.
- 190 municipios únicamente reciben agua durante 12 horas al día.
Los avances en cobertura son mínimos. Desde 1993, el crecimiento en el acceso al acueducto urbano ha sido de apenas un 3.2 %, mientras que el alcantarillado y la recolección de basura han aumentado un 11.8 % y 16.1 %, respectivamente. Estas cifras revelan que, a pesar de las políticas públicas, el progreso ha sido insuficiente.
Las disparidades regionales son igualmente preocupantes. Por ejemplo, mientras que la Región Andina presenta una cobertura de acueducto del 93.6 %, la Amazonía apenas alcanza un 46.8 %. Estas cifras muestran la realidad de un país donde la brecha urbano-rural es más amplia que nunca:
- Diferencia en acueducto: 36 %.
- Diferencia en alcantarillado: 78.4 %.
- Diferencia en aseo: 67.5 %.
La Contraloría ha señalado que no se puede hablar de derechos a la salud ni a una vivienda digna sin el acceso a agua potable, y que la falta de este recurso esencial perpetúa la discriminación territorial.
Menos plata, menos ejecución: el desafío de la inversión pública
Además de la drástica reducción presupuestal, existe otro problema crítico: la ejecución de los recursos disponibles. A septiembre, el Ministerio de Vivienda había ejecutado solo el 23 % de su inversión total, y en el área de agua, saneamiento y manejo de residuos, la cifra se reduce a un alarmante 22 %.
Esto significa que el país no solo está invirtiendo poco, sino que de lo poco que se destina, se está utilizando aún menos. La Contraloría advierte que si esta tendencia continúa, la capacidad institucional para mantener y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios básicos se verá severamente comprometida.
Plantas que no tratan, agua que contamina: una crisis ambiental
El estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales es otro aspecto preocupante del panorama hídrico en Colombia. De las 684 plantas evaluadas por la Contraloría, solo el 39 % opera correctamente. El resto se encuentra en condiciones deplorables o ha sido abandonada.
Las consecuencias de esta falta de mantenimiento son evidentes: ríos contaminados, cuencas afectadas y comunidades que dependen de estas fuentes de agua para sobrevivir. Entre 2020 y el primer semestre de 2025, se realizaron diversas auditorías al Sistema General de Participaciones, que revelaron:
- 40 auditorías con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones.
- 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua con 231 hallazgos por $197.053 millones.
- 174 proyectos de regalías vigilados, donde se encontraron irregularidades por $170.664 millones.
En total, los hallazgos fiscales en estos tres frentes suman más de $443.000 millones, lo que pone de relieve la ineficiencia en la inversión en agua.
El riesgo de retroceder: un futuro incierto
El recorte presupuestal previsto para 2026 no solo compromete proyectos futuros, sino que también amenaza los avances que se han logrado en las últimas décadas. La Contraloría advierte que la reducción del gasto en un momento en el que el país busca cerrar brechas críticas podría resultar en un retroceso significativo, profundizando aún más las desigualdades regionales.
En este contexto, es fundamental que se implementen políticas que no solo aseguren la inversión adecuada, sino que también garanticen la ejecución eficiente de los recursos destinados a agua y saneamiento.
Impacto social de la falta de acceso al agua
La ausencia de acceso a agua potable y saneamiento adecuado tiene consecuencias devastadoras en la salud pública y el bienestar social. Las enfermedades transmitidas por el agua son una de las principales causas de mortalidad en comunidades vulnerables, afectando especialmente a niños y ancianos.
Algunos de los efectos sociales más significativos incluyen:
- Aumento de enfermedades gastrointestinales: la falta de agua limpia contribuye a la propagación de enfermedades como la diarrea, que es una de las principales causas de mortalidad infantil.
- Impacto en la educación: en muchas comunidades, la falta de agua potable obliga a los niños a caminar largas distancias para conseguirla, lo que afecta su asistencia escolar.
- Desigualdad de género: las mujeres y niñas son las principales responsables de recolectar agua, lo que limita su tiempo y oportunidades, perpetuando la desigualdad de género.
La falta de inversión en agua y saneamiento no solo es una crisis ambiental, sino también una crisis social que exige atención inmediata.
Propuestas para mejorar la situación del agua en Colombia
Frente a este panorama crítico, es fundamental que se implementen soluciones efectivas que garanticen el acceso al agua potable y mejore la gestión de los recursos hídricos. Algunas propuestas incluyen:
- Fortalecimiento de la infraestructura existente: es esencial invertir en la rehabilitación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua y en la red de acueducto y alcantarillado.
- Mejorar la gestión del agua: implementar sistemas de gestión que permitan optimizar el uso del recurso hídrico y reducir las pérdidas por fugas.
- Fomentar la educación y concienciación: promover campañas educativas que informen a la población sobre la importancia del agua y su conservación.
- Incentivar la participación comunitaria: involucrar a las comunidades en la gestión de los recursos hídricos y en la toma de decisiones para asegurar que sus necesidades sean atendidas.
- Desarrollo de tecnologías sostenibles: fomentar la investigación y el uso de tecnologías que permitan el tratamiento y la reutilización del agua de manera eficiente.
Estas estrategias no solo ayudarán a garantizar el acceso al agua potable, sino que también contribuirán a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos, cerrando así las brechas existentes.
Conclusiones sobre el futuro del agua en Colombia
El futuro del agua en Colombia se enfrenta a desafíos significativos que requieren una respuesta inmediata y coordinada. La reducción del presupuesto, la ineficiencia en la ejecución y la falta de acceso son problemas que no pueden ser ignorados. Es esencial que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para implementar soluciones sostenibles que aseguren el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
La situación actual no solo es un reto a nivel gubernamental, sino que también se trata de un llamado a la acción para todos los ciudadanos. La defensa del acceso al agua debe ser una prioridad, y todos debemos involucrarnos en la lucha por un futuro más equitativo y sostenible.